El hospital demandado no puede ser responsabilizado por el fallecimiento de la madre de los actores a raíz de un ACV, ya que en virtud de las condiciones de la paciente -padecía obesidad e hipertensió

Partes: A. A. M. y otros c/ Hospital Central de Mendoza s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 22-may-2017

Cita: MJ-JU-M-105026-AR | MJJ105026 | MJJ105026

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda interpuesta contra un Hospital por los daños y perjuicios causados a los hijos de una persona fallecida a raíz de un ACV, quien fue atendida en el nosocomio demandado previo a su deceso en dos oportunidades, ya que si bien en la especie, está acreditada la existencia del daño, el actuar negligente de los médicos de guardia principalmente en la primera intervención y también en el temerario traslado de una paciente que evidentemente se encontraba en una deplorable condición de salud, sin embargo, no se ha acreditado ni probado si eventualmente existía en la paciente una chance de sobrevida y que tal chance estaba causalmente unida con la conducta desplegada por los profesionales del Hospital demandado.

2.-A los fines de responsabilizar a los médicos por mala praxis debe establecerse si conforme las pruebas existentes en la causa, existió relación causal necesaria entre la culpa de los galenos y la muerte de la paciente, ya que la prueba de la culpa médica no genera, per se, una presunción de causalidad entre la culpa y el resultado u dicha prueba incumbe a la víctima que sostiene la pretensión.

3.-No se ha acreditado que la eventual conducta omisiva culposa hizo perder a la paciente la posibilidad de evitar el accidente cerebro vascular y/o que su detección hubiera evitado o mejorado el desenlace pero ninguna prueba de ello existe frente a la contundencia de la prueba rendida en cuanto a su propio estado de salud, el que eventualmente es un elemento muy importante a considerar en la evolución posterior de su salud, por ello estimo que el fallo debe ser confirmado no obstante la culpa médica acreditada.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los veintidós días del mes de Mayo de dos mil diecisiete se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, las Sras. Juezas titulares de la misma Dras. M. Teresa Carabajal Molina, Gladys Delia Marsala, Silvina Del Carmen Furlotti y traen a deliberación para resolver en definitiva la causa N° 126.958/51.983 “A. A. M. Y OTS. C/ HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA P/ D. Y P.” originaria del Sexto Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 545 por la parte actora contra la sentencia de fecha 17/12/16, obrante a fs. 532/39, la que rechazó la acción de daños y perjuicios interpuesta por los Sres. A. M. A. M., M. E. A. M., A. A. A. M. y N. A. M. contra el Hospital Central de Mendoza, impuso costas y practicó la regulación de honorarios.

Habiendo quedado en estado los autos a fs. 594, se practicó el sorteo que determina el art. 140 del C.P.C., arrojando el siguiente orden de votación: Dras. Carabajal Molina, Furlotti y Marsala.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, plan-teándose las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?

En su caso ¿qué solución corresponde?

SEGUNDA: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION, LA DRA. CARABAJAL MOLINA DIJO:

I. Se alza a fs. 541 la parte actora contra la sentencia de fecha 17/12/15, obrante a fs. 532/39.

La resolución impugnada rechazó la acción interpuesta por los Sres. A. M. A. M., M. E. A. M., A. A. A. M. y el menor N. A. M. contra el Hospital Central de Mendoza, impuso costas y practicó la regulación de honorarios.

II. PLATAFORMA FACTICA:

Los hechos más relevantes para la resolución del recurso en trato son los siguientes:

1) A fs.10/28 comparecieron los Señores A. M. A. M., M. E. A. M., A. A. A. M. y N. A. M., mediante apoderado, interpusieron demanda por daños y perjuicios contra el Hospital Central de Mendoza por la atención brindada a su madre, Señora A. M. M., quien murió el día 27/06/02

Sustentaron su pretensión en las siguientes circunstancias:

Que el deceso de su madre aconteció por la negligencia en que incurrieron los facultativos dependientes de ese nosocomio -como también- al incumplimiento por parte de éste de la obligación tácita de seguridad que debe a sus pacientes.

Que por diversos síntomas que acusaba la víctima fatal, el día 20/06/02, aproximadamente a las 10:00 horas, decidieron concurrir al Hospital Central para su atención médica.

Que la causante tenía antecedentes diabéticos, hipertensión arterial y obesidad (pesaba 90 k/g) y éstos eran conocidos por los galenos que la asistieron.

Que dicho día permaneció en el Servicio de Guardia del nosocomio hasta las 19:00 horas con un diagnóstico de RVA, mutismo, en laboratorio, y por lo demás, sin particularidades. Destacaron que si se le hubiera realizado TAC de cerebro y una A.lítica completa se hubieran detectado síntomas de las dolencias clínicas que ya venía acusando la extinta.

Que en dicha oportunidad, hubo un pedido de interconsulta con el Hospital Carlos Pereyra, pues la Dra. LiliA. Aporta así lo estimó. Por ello, la trasladaron, le indicaron administración de calmante (Diazepan) y, con posterioridad, se retiró a su domicilio en compañía de sus hijas. Expusieron que debió regresar al Hospital Central, pues se trataba de una interconsulta ya que en esa institución, no hubo diagnóstico alguno.

Que luego regresó a su domicilio, pero desde el 21/06 al 26/06 comenzó a agravarse su cuadro clínico -estaba desmejorada, no hablaba, no se levantaba de su cama, se orinaba, etc.- hasta que sus hijos decidieron trasladarla nuevamente al Hospital Carlos Pereyra.Desde allí, fue derivada al Hospital El Sauce, donde le informaron a los familiares que no había un trastorno mental sino que -por el contrario- su problema era estrictamente clínico. Destacaron que ello podía advertirse con los hematomas que acusaba una de sus piernas, la derecha, que estaba totalmente morada. Además estaba helada, lo que podría ser un síntoma de trastorno circulatorio.

Que el día 26/06/02 regresaron al Hospital Central a las 18:30 horas y los médicos de guardia A.lizaron tardíamente diversos diagnósticos presuntivos, siendo que ninguno de ellos era el compatible con el estado de la paciente. Luego, fue derivada al Hospital Perrupato, sin diagnóstico, falleciendo a las 06:00 horas del día 27/06/02.

Que asimismo se le realizó una necropsia en las actuaciones penales y allí el Cuerpo Médico Forense determinó que la causa de muerte fue hemorragia cerebral de arteria SilviA.

Sustentaron la responsabilidad de los galenos dependientes de la demandada en diversas circunstancias las que detallaron de la siguiente manera:

Que no se ponderó ninguno de los aspectos físicos-patológicos de riesgo que la paciente tenía, fue derivada por un cuadro psiquiátrico al Hospital Carlos Pereyra cuando su pato-logía era solamente orgánica y además du estado indicaba trastorno neurológico (cefalea, desorientación témporo- espacial, cambios de conducta, etc.) que debían ser estudiados y A.lizados desde lo orgánico y no desde lo sicológico.

Que la paciente debió ser internada y evaluada por un médico neurólogo, pues las pato-logías de la extinta y sus factores de riesgo indicaban claramente que su sistema cerebro vascular se encontraba comprometido, tal como así lo confirmó el informe de la necropsia.Por su parte, destacaron que hubo pérdida de tiempo por la falta de un diagnóstico aproximado y por falta de un tratamiento adecuado, por lo cual, el cuadro clínico se agravó rápidamente, llegándose al deceso por la negligencia de los médicos que ninguna atención le brindaron.

Que no se tuvo en cuenta que la paciente acusaba un probable cuadro infeccioso, por su alta fiebre, el elevado nivel de leucocitos que presentaban los resultados de los análisis.

Que había también un cuadro de insuficiencia renal grave, pero nunca el estado respondía a un cuadro psiquiátrico, como se consignó en la Guardia al ingreso de la paciente. En definitiva, todo ese estado de situación ameritaba que la paciente debió haber sido internada en terapia intensiva del Hospital demandado, confeccionarse la correspondiente historia clínica, inducirse a la práctica de estudios clínicos que la gravedad del caso requería para arribar a los diagnósticos inherentes.

Que pese haberse practicado una TAC, no obraban ni los resultados ni las placas de este estudio, tampoco les fue informado a sus familiares. Lo mismo ocurrió con una punción lumbar, que -según los actores- le fuera practicada a la enferma.

Que los médicos del Hospital Perrupato identificaron el origen neurológico del cuadro, pero ya se había perdido un tiempo valioso que podría haberle salvado la vida a la madre de los actores.

Que ninguno de los médicos que asistió a la paciente cumplió con una conducta prudente, en especial, con las reglas del arte de curar, con un adecuado diagnóstico, por lo cual, los consideraron culpables de la muerte de la víctima.

Que resultaba responsable a la entidad demandada no solamente por el hecho de sus dependientes sino por violación del deber de garantía que les debe a sus pacientes.-

Ofrecieron pruebas y fundaron en derecho.

2) A fs.37/41 compareció el Hospital Central de Mendoza mediante apoderado y contestó la demanda interpuesta propiciando su rechazo con costas.

Adoptó la siguiente postura procesal:

Efectuó negativas genéricas y expresamente reconoció que el día 20-06-2002 la Señora A. M. M. fue atendida en Guardia, con diagnóstico de alteración de conducta.

Expuso que los análisis clínicos y de laboratorio no mostraron alteraciones que pudieran explicar la RVAN, por lo que se pidió interconsulta con el Hospital Psiquiátrico Carlos Pereyra. En dicha entidad, el médico que la asistió le administró diazepan (tranquilizante), derivándola a su domicilio. Por tanto y frente a la actuación de tal profesional, debía entenderse “por ratificado” el diagnóstico originario dado en la guardia del H.C.

Destacó que en la consulta originaria, la paciente no presentaba alteraciones neurológicas que justificaran una TAC. Afirma que tanto los estudios como la atención brindada fue correcta.

Precisó que el día 26/06/02 la extinta volvió en consulta a Guardia por presentar con-vulsiones, la evaluó un neurólogo, se realizó TAC de cerebro que no mostraba colección hemática y, también, punción raquídea, cuyo resultado fue líquido claro no hemorrágico.

Resaltó que se entendió que la paciente no era quirúrgica.Por ello y por falta de camas libres, se la derivó al Hospital de San Martín para ser internada en UTI.

Expuso que la paciente, al momento de esa consulta, tenía signos de pluriparenquimatosos, lo que significaba falla de varios órganos (renal, respiratorio, afección vascular de miembro inferior, taquicardia, hipotensa (sin haber ingerido la medicación), cuadro febril (posible sepsis). Expresaron que la señora padecía de un gravísimo estado de salud y por más que se hubiese detectado hemorragia cerebral en los estudios, el pronóstico de la paciente no iba a cambiar y la probabilidad de mortalidad iba a seguir siendo muy alta.

Negó la responsabilidad que su contraria le atribuyó como también la culpabilidad de sus médicos dependientes.

Impugnó los rubros demandados.

Ofreció pruebas y fundó en derecho.

3) A fs. 79/80 Fiscalía de Estado tomó la intervención que le correspondía, con-testó la demanda instada, adhiriendo al responde del Hospital demandado.

Solicitó el rechazo de la acción impetrada con costas.

4) Luego de sustanciada la causa, el juez a quo rechazó la demanda con fecha 17/12/15 (fs. 532/39) por los siguientes argumentos:

Que la acción había sido dirigida contra el Hospital Central por la responsabilidad derivada del accionar culpable de sus médicos dependientes y por e l deber tácito de seguridad que esta institución asume respecto de sus pacientes.-

Que los hechos de la causa surgía que el día 20/06/02, aproximadamente a las 10:00 horas, los actores concurrieron, junto a su madre, Señora A. M. M., para que ésta fuera asistida en el centro asistencial demandado por diversos síntomas que acusaba. En dicha oportunidad, fue atendida en el Servicio de Guardia, permaneciendo allí hasta las 19:00 horas. Asimismo su diagnóstico fue:RVA, mutismo, en lo demás y en los análisis, sin particularidades.

Que en dicha oportunidad hubo un pedido de interconsulta, por lo que fue trasladada al Hospital Carlos Pereyra, donde le administraron un calmante (Diazepan). De ahí, se retiró a su domicilio particular en compañía de sus hijas.

Que en su casa desde el 21/06 al 26/06/02 comenzó a agravarse el cuadro clínico de la Señora M. hasta que sus hijos decidieron trasladarla nuevamente al Hospital Carlos Pereyra; desde allí, fue derivada al Hospital El Sauce por falta de camas. En dicha entidad, los médicos le informaron a los familiares que no había un trastorno mental sino que -por el contrario- su problema era estrictamente clínico, lo que podía advertirse con los hematomas que acusaba una de sus piernas, la derecha, que estaba totalmente morada. Además estaba helada, lo que podía ser un síntoma de trastorno circulatorio.

Que luego regresaron al Hospital Central a las 18:30 del día 26/06/02 y los médicos de guardia, A.lizaron diversos diagnósticos presuntivos. Luego, fue derivada al Hospital Perrupato, sin diagnóstico definido, falleciendo a las 06:00 del día 27/06. En efecto, al no haber diagnóstico, se practicó por parte del Cuerpo Médico Forense una necropsia que determinó como causa de muerte: hemorragia cerebral de arteria SilviA. (no traumático).

Que el Hospital Central de Mendoza reconoció que el día 20/06/02, la Señora A. M. M. fue atendida en Guardia, con diagnóstico de alteración de conducta. Se le practi-caron análisis clínicos y de laboratorio no mostrando alteraciones que pudieran explicar la RVA. Asimismo solicitaron interconsulta con el Hospital Psiquiátrico Carlos Pereyra, siendo que allí le administraron diazepan (tranquilizante), derivándola a su domicilio. En dicha consulta del día 20/06/02, la paciente no presentaba alteraciones neurológicas que justificaran una TAC.El 26/06/02 la extinta volvió en consulta a Guardia por presentar convulsiones, se la evalúa por neurólogo, se realizó TAC de cerebro que no mostraba colección hemáticas y, también, punción raquídea, con resultado: líquido claro no hemo-rrágico. Se entendió que la paciente no era quirúrgica. Por falta de camas libres, se la derivó al Hospital de San Martín para ser internada en UTI.

Que la paciente, al momento de esa consulta, tenía signos de pluriparenquimatosos, lo que significaba falla de varios órganos (renal, respiratorio, afección vascular de miembro inferior, taquicardia, hipotensa (sin haber ingerido la medicación), cuadro febril (posible sepsis). Por otra parte, en la segunda consulta, la señora padecía de un gravísimo estado de salud, y por más que se hubiese detectado hemorragia cerebral en los estudios, el pronóstico de la paciente no iba a cambiar y la probabilidad de mortalidad seguía siendo muy alta.

Que los demandantes entendieron que había existido responsabilidad de su demandada, debido a que fue tratada por sintomatología derivada de un cuadro psiquiátrico cuando -en realidad- su problema era orgánico-clínico. En suma, el estado de la paciente cuando ingresó al nosocomio el día 20/06/02 indicaba claramente que padecía algún trastorno neurológico, o bien circulatorio, debiendo ser evaluada desde el marco de esta ciencia, por un especialista, lo cual, no se hizo. Tanto sus patologías de base (diabetes, hipertensión, obesidad, las cefaleas, la desorientación temporo-espacial, el hematoma en su pierna derecha, el cuadro febril que podía denotar un proceso infeccioso, etc.) debió indicarles a los facultativos que se estaba ante un cuadro de tipo orgánico, pues su sistema cerebro-vascular se encontraba comprometido y requería urgente atención e internación. Tal cuadro no tenía nada que ver con el aspecto psiquiátrico que se informó en la hoja de guardia (es decir, con la RVAN, como tampoco, justificaron la IC al H.Carlos Pereyra). Que tales antecedentes sumados a la errática derivación al Hospital Carlos Pereyra, desde donde solamente le administraron un tranquilizante y la llevaron a su domicilio, profundizaron un cuadro clínico que debió ser tratado en el momento inicial de su ingreso al Hospital demandado, por todo lo cual, los demandantes imputaban culpa sus galenos dependientes.

Que correspondía determinar si en la primera atención médica prestada en Guardia por los médicos dependientes del Hospital demandado acontecida el 20/06/02 hubo un diagnóstico inadecuado y si éste ha confluido causalmente en la muerte de la Señora M., la que tuvo lugar a las 05:30 horas del día 27/06/02, ocurrida en el Hospital Perrupato del Departamento de San Martín, siendo su causa una hemorragia de la arteria SilvA. (según necropsia del C.M.F.). Según el perito, una aneurisma o ACV.

Que no resultaba cuestionable el diagnóstico de la Dra. LiliA. Aporta consistente en ” RVA ? (Reacción Vivencial Anormal), mutismo, examen clínico s/p (sin particularidades), laboratorio (s/p), solicitó IC (inter-consulta) con Hospital Pereyra. Este acto médico no resultaba cuestionable, puesto que, si luego de la evaluación del paciente y análisis de los estudios de laboratorio con resultados normales, concluyó que su patología no era clínico-orgánica sino que se emparentaba con un cuadro mental, fue válido solicitar la intervención de un especialista en psiquiatría (ver punto 3 informe C.M.F. de fs. 526); luego de esta derivación, el Dr. Criach evacuó lainterconsulta en Enfermería del Hospital Carlos Pereyra (19:30 horas) donde -tras diagnosticar el ingreso de la paciente en estado confusional- administóa Diazepan (calmante) e indicó inmediatamente su alta, retirándose la paciente a domicilio en compañía de sus hijos (fs. Sub 14 autos 126.224).-

Que la demandada afirmó que el diagnóstico inicial debía entenderse como “rati-ficado” aquí por el médico que asistió a la paciente en el Hospital Carlos Pereyra.Cier-tamente, tal postura asertiva resultaba confirmada con el informe del Cuerpo Médico Forense, quien señaló que existía coincidencia entre los diagnósticos dados por los Dres. Aporta del H. Central y Criach del H. Pereyra, con lo cual, tal concordancia importaba que ese diagnóstico inicial encontraba sustento y ratificación suficiente y que el cuadro que padecía la paciente -considerado por dos médicos de diversas entidades públicas- era de origen mental, más allá del acierto o error de ambos (v. punto 7 informe del C.M.F.).

No existía en autos ninguna demostración certera que permitiera suponer que en la primera atención brindada por el personal médico hubiera habido alguna irregularidad, anormalidad o culpa probada de los galenos, más aún, algún tipo de relación de causalidad adecuada entre este acto médico inicial y el desenlace fatal de la Señora M.

Que los síntomas posteriores que presentó la paciente desde el día 21/06 al 26/06 no necesariamente debían implicar “per se” que la atención brindada el día 20/06 en la Guardia del Central fue irregular o que el diagnóstico fue errático y que por esta anormalidad se produjo el resultado.

Que aun cuando la actora expusiera que no se tuvieron en cuenta factores de riesgo que los galenos debían conocer por su historial clínico (HTA, diabetes y obesidad), que se omitieron estudios de suma importancia (TAC y A.lítica completa) o la pertinente y necesaria consulta con un neurólogo. Tales cuestiones, ciertamente, no pasaban de ser meras suposiciones o hipótesis ya que existía demostrado acabadamente un protocolo en Guardia que debía seguirse para estos casos. Sumado a ello, la H.C. de la paciente databa del año 1995, por lo que, como lo dice el C.M.F., en el Servicio de Guardia se atendían emergencias o urgencias, no se actuaba con este documento normalmente (v. respuesta 1. de fs.526). En efecto, se trataba de la Guardia de un Hospital Público y no en un Pabellón de un hospital o en un consultorio particular. La Dra. Aporta consignó al Examen Actual s/p – Laboratorio s/p. Si bien en Guardia no estaban tales resultados A.líticos, ello, no importaba sostener que los mismos no hubieran sido realizados y que la derivación al Hospital Pereyra haya sido incorrecta merced a un diagnóstico de RVAN. El hecho que no constaran los A.líticos en la “hoja” de Guardia no importaba sostener que la consigna “laboratorio s/p” sea falsa.

Que el diagnóstico inadecuado o errático que se le imputaba a los galenos del Hospital demandado no podía considerarse demostrado. Y aún, en el mejor de los casos, no im-ponía necesariamente atribución de culpabilidad a los galenos que en la ocasión actuaron.

En cuanto a la segunda atención brindada en el Servicio de Guardia, o sea, el día 26/06/02, por derivación del Dr. Velazco, dependiente del Hospital El Sauce, en la “Hoja de Usos Múltiples” se expresó que la paciente presentaba alteración de conciencia, disnea. Se realizan los estudios A.líticos, se expresan los antecedentes, su estado actual, IC con neurólogo y se practican TAC (sin alteraciones) y LCR (cultivo negativo). Los diagnósticos que se manejaban fueron varias conjeturas: 1) alteración de conciencia en estudio, 2) insuficiencia renal de etiología a determinar, 3) hematuria – vasculitis ???, 4) Insuficiencia respiratoria y 5) proceso infeccioso de origen a determinar. Al no haber camas disponibles en el Hospital Central, lo cual se encontraba certeramente demostrado en autos, se la derivó al Hospital Perrupato. Allí se dirigió en ambulancia, arriba a las 4:45 en estado grave y a las 5:30 fallece por paro cardio-respiratorio (según H.C. Hospital Perrupato que obra en Caja de Seguridad) .-

Que el perito médico señaló que la H.C.era confusa, es decir, que eso debía interpretarse como que los diagnósticos que manejaban los médicos eran confusos, pues se inclinaron por una enfermedad respiratoria o proceso infeccioso inespecífico o hematuria y descartaron la enfermedad neurológica, es decir, el accidente cerebro vascular, que fue en definitiva la causa de la muerte de la paciente. Por más que neurológicamente (v. informe de fs. 225/6 del Dr. Horacio Ardigo) se merituaron algunos síntomas como cefaleas o alteración de conciencia relacionados con un cuadro de ACV, los estudios de TAC y Punción Raquídea dieron negativos para ese diagnóstico. El resultado de la TAC no obraba en ningún lado. Solamente se consignó en la “Hoja de Usos Múltiples” que sus resultados no revelaban alteraciones. El líquido raquídeo era claro y su cultivo negativo. Este resultado sí obra en autos, fue agregado a fs. 330/334.

Que el perito dijo que el caso era contradictorio y lo era. Estimó que una “aneurisma” de una arteria de gran calibre filtraba y sangraba antes de la ruptura total, siempre mostraba signos que se evidenciaban en las TAC de cerebro efectuadas horas antes de la muerte, al igual que modifica las características normales de la LCR, que en el sub-lite no evidenciaron hemorragia. Para el experto, el caso fue un cuadro neurológico que comenzó con síntomas inespecíficos como irritabilidad, estado confusional, trastornos de conciencia, y los más importantes, fueron: cefalea y disnea. Sin embargo, si los estudios complementarios (asistencia neurológica del Dr. Ardigo, TAC y Punción Raquídea) que la actora cuestionaba como no realizados en la primera asistencia (el 20/06), nada revelaron en la segunda (el 26/06), ello quería decir que ninguna influencia causal había tenido en el resultado la supuesta omisión de su práctica en la primera atención.

Que aún cuando no se encontraban agregados los resultados o informes de la TAC, pues las placas fueron retiradas sin informes, el C.M.F.determinó en la parte final de su dic-tamen, que la “punción lumbar con examen de líquido céfalo raquídeo” era el estudio confirmatorio tradicional para la dolencia que -en teoría- afligía a la Señora M., y ésta, en el caso, se presentó como negativa (fs. 333).

Que frente a este estado de situación, los diversos diagnósticos que barajaban los médicos fueran errores inexcusables que pudieran ser merecedores de reprochabilidad subjetiva en el arte de curar.

Que en los casos que se cuestionaba el diagnóstico como acto medical era muy difícil establecer responsabilidad por culpa de los médicos. La falta de éxito en la prestación del servicio no significaba necesariamente obligación de resarcir al demandado -como tampoco- el error de diagnóstico, por sí solo, bastaba para generar responsabilidad, si no existía culpa o negligencia.

Que el mero diagnóstico errático no imponía responsabilidad si no existía culpa de los profesionales médicos.

Que las presuntas omisiones que se imputaban a los profesionales -tanto en la primera como en la segunda atención en la Guardia del Central- no habían sido demostradas con elementos objetivos de carácter técnico.

Que la pericia nada decía sobre este aspecto que aclarara las contradicciones que el caso presentaba y además las constancias probatorias no determinaron que la causa de muerte de la extinta se haya debido a la negligencia o violación por parte de los médicos de sus deberes inherentes a la “lex artis”.

Que nada técnico-clínico indicaba que la desmejoría que acusó la paciente desde el 21-06 al 26-06 se haya debido a una enfermedad que debiera haber sido detectada por los galenos de guardia en la primera asistencia médica del 20-06.Que el caso presentaba contradicciones-tal como dijo el perito- éstas también existían en aquellos tiempos (el 26-06).

Que los médicos confiaron en dos de los estudios que eran los aptos para el cuadro que la paciente presentaba (TAC y LCR). Al mismo tiempo, la demandante ha soslayado la prueba de la relación causal, pues no podía sostenerse -con rigor científico suficientemente demostrado- que la muerte de la Señora M. deba su génesis a un error de diagnóstico inexcusable o a una omisión culpable.-

Que en autos no fue reunida prueba suficiente para atribuir responsabilidad jurídica a la demandada por una falla culpable en ninguna de las dos atenciones brindadas por sus médicos. No existía otra prueba con la que se pudiera reconstruir lo ocurrido más que los documentos médicos acompañados en autos y las insuficientes conclusiones del perito actuante, que tan solamente abrigaban una hipótesis de un ACV de seis días de evolución que podía verse coartada, ciertamente, cuando señaló que el caso resulta contradictorio ante la existencia de estudios que no determinaban filtraciones en la ruptura de la arteria SilvA.

Que la accionante no ha acreditado -en modo alguno- que los galenos y demás auxiliares de los que se valió el Hospital demandado hayan incurrido en un irregular o deficiente prestación del servicio médico brindado a la Señora M. Menos aún, puede llegar a establecerse un vínculo causal adecuado entre su fallecimiento y el accionar desplegado en la atención clínica de la demandante.

III. LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE Y SU CONTESTACIÓN:

1) Se alza la parte actora a fs. 545 y expresa agravios conforme el memorial obrante a fs. 555/62 el que puede ser sintetizado de la siguiente manera:

Que la sentencia es arbitraria porque prescinde de las pruebas rendidas.

Que ha existido un evidente error de diagnóstico en la primera atención brindada. En efecto, de la historia clínica de la paciente agregada a fs.481 y vta surgía que en el año 1995 la actora padecía hipertensión arterial, lo que era un antecedente importante que debieron tener en cuenta los médicos al brindar la primera atención frente a un cuadro de ACV que le produjo la muerte. Además que los hijos de la víctima le expusieron que era hipertensa, circunstancia no considerada en tal atención.

Que el fallo no toma en cuenta que en la primera consulta existían síntomas neurológicos muy importantes como eran la cefalea y además los síntomas respiratorios como la disnea. Además no se ha considerado que se trataba de una mujer obesa, hipertensa, diabética y con dificultades respiratorias. Además se ha desconocido la pericia médica de la cual surge que el perito claramente expresó que se trataba de un cuadro neurológico que comenzó con signos inespecíficos como son la irritabilidad, estado confusional, trastornos de conciencia. El perito expuso que en el caso comenzaron con todas las evidencias de que la paciente sufría un ACV con signos neurológicos relacionados con el cuadro.

Que en la primera atención se evidencia la irregularidad pues no se consideraron los factores de riesgo y se omitió efectuar una consulta neurológica ni de TAC.

Que el perito claramente expresa que el aneurisma de una arteria de gran calibre como era la que terminó rompiéndose antes del fallecimiento, que filtra o sangra antes de la ruptura total, muestra siempre signos que se evidencian en la TAC de cerebro efectuada horas antes de la muerte, al igual que modifica las características normales del LCR.Por tanto, de tales conclusiones médicas se deriva que a la paciente no se la atendió ni se la evaluó clínicamente ni tampoco un neurólogo en las dos veces que estuvo en el Hospital Central cuando la paciente tenía signos claros de estar desarrollando un ACV

Que el juez afirma que no existe ningún protocolo en la guardia que deba regir la actuación médica y ello convalida la actuación realizada por los médicos.

Que el fallo no ha considerado que el perito médico señaló ciertas anomalías de proce-dimiento que llaman la atención como que en la historia clínica del Hospital Central no conste el resultado de la punción lumbar como tampoco el resultado de la TAC, lo que resultaba concordante con que nunca se encontró tal TAC cuando se secuestraron las historias clínicas.

Que surgía de la declaración testimonial del Dr. Santamarina que tiene un protocolo médico escrito aprobado por la Dirección y que si cuando ingresó a la Guardia el día 20/06/02 podria haberla derivado a la Terapia Intensiva.

Que en la primera atención no existió un simple error, sino que se hizo caso omiso a la información relatada por la familia y que se encontraba en el Hospital. Además se sostuvo haber realizado estudios complementarios pero nunca fueron agregados a la causa.

Que el juez afirma como una inexplicable contradicción lo afirmado por el perito como causa, es decir, un ACV de seis días de evolución respecto de estudios que no determinan filtraciones en la ruptura de la arteria SilvA.

Que la relación de causalidad con el daño no es la muerte y/o la invalidez sino las chances de prolongar la vida de una persona de 44 años.

Que en la segunda atención el decisorio interpreta que la historia clínica es confusa ya que el perito no habla de eso sino que dice que la historia clínica es poco clara.Pero el perito puntualizó las irregularidades y omisiones de la Historia Clínica y el juez ha interpretado tales omisiones en contra de la paciente.

Que un aneurisma de una arteria de gran calibre como es la que termina rompiéndose antes del fallecimiento que filtra o sangra antes de la ruptura total muestra siempre signos que se evidencia en la TAC de cerebro efectuada horas antes de la muerte, al igual que modifica las características normales del LCR.

Que la derivación médica desde El Sauce confirma la existencia de un cuadro clínico neurológico. Por tanto, el trato recibido inicialmente como paciente psiquiátrico llevó a una evolución del ACV durante 7 días, sin tratamiento adecuado, lo cual es consecuencia directa de no haberle realizado un correcto examen clínico.

Que si se realizaba una TAC se podía detectar lesión cerebral, si se realizaba una A.lítica se podía detectar un trastorno metabólico que evidenciaba también lesión cerebral y además con un examen clínico neurológico minucioso y detallado precisar un verdadero diagnóstico que implicaba una verdadera chance de vida para la Sra. M.

Que tampoco se ha A.lizado el traslado ordenado al Hospital Perrupato, pues la Sra. M. permaneció en la guardia del Hospital Central en donde se le hizo saber que no podían internarla por no contar con sala de terapia intensiva (solicitud de camas que nunca fue realizada ya que no constaba el pedido en la historia clínica). Sin embargo, no se consideró que su estado era sumamente crítico y que sólo se admitía como internación de urgencia en la propia terapia intensiva del hospital y la trasladaron a 40 km de distancia en una ambulancia sin médico que la asistiera, sin respirador mecánico, sin ningún tipo de estudio o anttecedentes y evidentemente sin diagnóstico.

Que ha sido debidamente probada la culpa médica soslayada por la sentencia impugnada.

2) Corrido traslado de ley, contesta la parte demandada a fs.570/75 y propicia el rechazo del recurso por los argumentos que se tienen por reproducidos.

IV. SOLUCION DEL CASO:

A) Aclaración previa:

Teniendo en consideración que el daño es un presupuesto constitutivo de la res-ponsabilidad (arts. 1.716 y 1.717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1.067 del anterior Código) y en el sublite aquél que ha dado motivo a este proceso se ha gene-rado en razón del deceso de la madre de los actores sufrido el día 27/06/02.

Por tanto, la relación jurídica se ha consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación; en consecuencia, debe ser juzgada en sus ele-mentos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas de acuerdo con el sistema del anterior Código Civil (art. 7 del C.C. y C.N.).

B) El caso concreto

La cuestión a resolver en la presente es que si resulta injusta una sentencia que rechazó una demanda por los daños y perjuicios causados por un Hospital a los hijos de una persona fallecida a raíz de un ACV, quien fue atendida en el nosocomio demandado previo a su deceso en dos oportunidades.

La queja de la actora apelante se circunscribe principalmente a la irrazonabilidad del juez a quo en la valoración de la prueba, omitiendo considerar la culpa incurrida por los médicos intervinientes, ya que existían enfermedades preexistentes de la Sra. Mancini. Por ello afirman que en la primera atención brindada no se realizaron todos los controles y estudios que el caso requería a fin de detectar un eventual ACV en curso.Por ello aseveran que existía falta alguna imputable al Hospital (lo que surgía de la historia clínica, de las testimoniales y de la pericia rendida).

Asimismo se quejan por la falta de consideración de que en la segunda atención brindada por el Hospital demandado y -no obstante el estado crítico- se la derivó al Hos-pital Perrupato de San Martín sin tomar los recaudos y las precauciones que el caso re-quería.

La sentencia en crisis se sustenta en dos argumentos: a) No se ha acreditado la culpa médica porque las atenciones recibidas en el Hospital demandado fueron correctas y b) No existe relación de causalidad entre la conducta desplegada por los profesionales y la muerte acaecida.

Adelanto que pese al esfuerzo argumentativo de la recurrente, la decisión debe ser confirmada. Explicaré por qué:

De los análisis de los agravios en particular surge:

(i) La arbitrariedad de la sentencia:

La parte recurrente se queja porque sostiene que la sentencia es arbitraria.

Esta impugnación no puede admitirse.

En efecto, cabe señalar que, no cabe confundir recurso de apelación con recurso extraordinario por arbitrariedad, como dijo el Dr. Gianella en los autos n.187.550/36.099, caratulados: “Araya Salvador Clemente C/ Castro Fernando Luis P/ D. Y P. ” resolución de fecha (24/10/2011): “. Una de las diferencias esenciales entre ambos recursos -el de inconstitucionalidad por arbitrariedad y el de apelación radica en que el primero sólo queda habilitado ante aquellos errores groseros que implican un palmario apartamiento de la solución normativa que corresponde, o una decisiva carencia de fundamentos de la decisión recurrida -no siempre respetado por los tribunales supe-riores, mientras que la apelación se torna procedente si el tribunal de alzada considera meramente erróneo el pronunciamiento, aunque el error no sea grosero o consista la cuestión en una divergencia de interpretación jurídica o de los hechos distinto al efectuado en la primera instancia.Como queda visto la procedencia del recurso de apelación no requiere tanto como el de inconstitucionalidad por arbitrariedad porque, además, aquél es una segunda instancia, mientras que éste no lo debe ser. Por ello es que, no es técnicamente adecuado acudir a la arbitrariedad para fundar un recurso de apelación. No corresponde desestimar un recurso de apelación, no obstante advertir el tribunal errores en la aplicación de la solución normativa o en la apreciación de los hechos o de las pruebas, por no implicar ello un palmario apartamiento de la solución normativa que corresponde, o una decisiva carencia de fundamentos, propios del recurso extraordinario.”

Por lo que se rechaza la crítica en este punto.

(ii) La falta de análisis del decisorio de la culpa incurrida por los profesionales del Hospital demandado en las atenciones brindadas en la guardia:

En relación a este aspecto, la parte apelante sostiene que ha existido un evidente error de diagnóstico en las dos atenciones brindadas en el nosocomio, cuestión totalmente desconocida por la sentencia en crisis.

En particular se queja por la primera atención recibida por la madre de los actores y afirma que de la historia clínica de la paciente agregada a fs. 481 y vta surgía que en el año 1995 la actora padecía hipertensión arterial, lo que era un antecedente importante que debieron tener en cuenta los médicos al brindar la primera atención frente a un cuadro de ACV que le produjo la muerte. Además que los hijos de la víctima le expusieron que era hipertensa, circunstancia no considerada en tal atención. Asimismo puntualiza que el fallo no toma en cuenta que en la primera consulta existían síntomas neurológicos muy importantes como eran la cefalea y además los síntomas respiratorios como la disnea. Además no se ha considerado que se trataba de una mujer obesa, hipertensa, diabética y con dificultades respiratorias.Además se ha desconocido la pericia médica de la cual surge que el perito claramente expresó que se trataba de un cuadro neurológico que comenzó con signos inespecíficos como son la irritabilidad, estado confusional, trastornos de conciencia. El perito expuso que en el caso comenzaron con todas las evidencias de que la paciente sufría un ACV con signos neurológicos relacionados con el cuadro.

En cuanto a la segunda atención, también se agravia porque no se ha A.lizado el traslado ordenado al Hospital Perrupato, pues la Sra. M. permaneció en la guardia del Hospital Central en donde se le hizo saber que no podían internarla por no contar con sala de terapia intensiva (solicitud de camas que nunca fue realizada ya que no constaba el pedido en la historia clínica). Sin embargo, no se consideró que su estado era sumamente crítico y que sólo se admitía como internación de urgencia en la propia terapia intensiva del hospital y la trasladaron a 40 km de distancia en una ambulancia sin médico que la asistiera, sin respirador mecánico, sin ningún tipo de estudio o anttecedentes y evidentemente sin diagnóstico.

Esta crítica debe ser admitida.

De las constancias de la causa, se advierte:

Que la Sra. A. M. M. (madre de los accionantes) fue atendida en dos oportuni-dades por la demandada en relación al caso que nos ocupa, una vez el día 20/06/02 y otra vez el 26/06/02, falleciendo el día 27/07/02 en el Hospital Perrupato, luego de ser trasladada del hospital demandado.

Que surge de la prueba que existían en el nosocomio otras atenciones anteriores y que daban cuenta en su historia clínica ciertas circunstancias relevantes tales como obesidad, hipertensión, etc.

Respecto a las atenciones que dan sustento al reclamo, podemos precisar las siguientes circunstancias:

a) En relación a la primera atención:

La difunta ingresó al nosocomio demandado por la guardia el día 20/06/02 (libro de Guardia, a fs. 344 orden 47, ver fs.23 de los autos N° 126.224). En efecto, el Oficial de Justicia tomó nota de lo que surgía del sistema operativo de la atención “354153 M. M., 43 años, domiciliada en Guaymallén, diagnóstico RVA? ( Reacción vivencial anormal), mutismo, examen clínico (sin particularidades) y laboratorio (sin particularidades) Solicita interconsulta.”

Por su parte, del libro de Guardia del Hospital Pereyra (fs. 14 de los autos N° 126.224) surge que se consignó que la paciente ingresó a las 19:30 con un estado confusional, evaluada por el Dr. Criach quien indicó Diazepan y luego se retiró en compañía de sus hijos.

De la Historia Clínica obrante en el Hospital demandado (fs. 395 de autos) surge que como antecedentes clínicos consignados en el año 1995 (a esa fecha, 37 años) que tenía hipertensión arterial desde el año 1990. Además hipotiroidismo y bocio en el año 1985. Allí también se consignó que el peso a los 37 años era de 105 kgs y que había bajado 15 kgs los últimos 2 meses. De fs. 395 vta también surge que como antecedente heredo familiares que su padre falleció por crisis hipertensiva. Asimismo se consignó que tenía 4 hermanos vivos y que algunos eran hipertensos. También se dejó constancia de su obesidad. A fs. 396 vta se consignó expresamente como Impresión Diagnóstica “Hipertensión arterial de etiología a determinar”, “Hipotiroidismo”, ” Obesidad exógena”, ” Várices en miembros inferiores”. Estas circunstancias fueron corroboradas por el perito médico Cuartara a fs. 481 y vta donde puntualizó “El único dato como antecedente importante es que la actora padecía en el año 1995 hipertensión arterial, antec edente importante que debieron tener en cuenta los médicos que le brindaron la primera atención por el cuadro de ACV que le produjo la muerte y que es la causa que motiva estos autos.Digo esto ya que una de las causas productoras de los ACV en los Hipertensos Crónicos Compensados es que sufran una Crisis Hipertensiva por descompensación con valores de la tensión arterial muy elevados por encima de lo normal.”

De la pericia médica (fs. 294 vta y 295) surge en relación a esta primera atención: “En los antecedentes se informa que el viernes anterior al 26/06 que fue asistida con alteración de conciencia por la Guardia general y se indicó que fue deriva al Hospital Psiquiátrico Pereyra efectuando previamente A.lítica que fue normal y que presentó cefaleas, siendo medicada con sedantes y antidepresivos”. También refiere que en esos días previos sufre incontinencia de esfínteres, alteración de conciencia, no responde a órdenes y habla incoherencias.” En cuanto a las consideraciones médico legales puntualiza: “Este caso comienza con todas las evidencias de que la paciente sufría un ACV con síntomas neurológicos relacionados con este cuadro como son las cefaleas y la alteración de conciencia, y teniendo que permanecer en reposo varios días en su domicilio “.(fs.295 vta).

b) Segunda atención brindada en el nosocomio demandado:

Previo a tal atención, surge de fs. 18 de autos N° 126.224, que el Oficial de Justicia dejó constancia que fue atendida en el Hospital El Sauce a fs. 17:20 (ver tbien fs. 16) y allí fue derivada a un Hospital Clínico, por presentar cuestiones orgánicas.

Luego, obra a fs. 224/26 la atención en guardia de la Sra. M. por el Dr. Isaguirre en el nosocomio demandado. Así surge de fs. 23 de autos N° 126.224, el Oficial de Justicia dejó constancia de la atención brindada a la Sra. M. se consignó que padecía alteración de conciencia, disnea y no registraba internación. En cuanto a la TAC fue realizada ese día en la Escuela de Medicina Nuclear y fue retirada sin informar, con la placa solamente. A fs.12 surge que ingresó a las 18:09 y fue atendida a las 22:43 y se consignó “enfermedad cerebro vascular aguda pero mal definida”.

A fs. 379 obra hoja de usos múltiples del Hospital Central donde se hicieron los siguientes diagnósticos presuntivos: “1) Alteración de conciencia en estudio; 2) Insuficiencia renal de etiología a determinar; 3)Hematoma/Vasculitis? 4) Insuficiencia respiratoria; 5) Proceso infeccioso de origen a determinar”. Asimismo se advierte del informe del Hospital Central de fs. 225/226 sobre la atención en Guardia de la Señora M. el día 26/06/02 por el Dr. Horacio Ardigo con diagnóstico Alteración de la Conciencia. Disnea. No registraba Internación.

Que fue derivada al Hospital Perrupato por no contar con camas disponibles .

Que de fs. 380 vta surge que ingresa allí y en el examen neurológico se consigna que está en coma.

Que del acta de procedimiento instruida por la Comisaria de San Martín por averiguación de muerte ( fs. 1 del Expte penal N° 133.874 ) surge que ingresó al Hospital Perrupato a las 2:30 de la madrugada y presentaba conforme lo expuesto por el Dr. Magistretti una insuficiencia respiratoria por lo que se le colocó un respirador artificial. El estado de la paciente se complicó al presentar tres parocardiorespiratorios.

Que el deceso se produjo a las 6 hs. (ver fs. 2 vta del Expte penal N° 133.874 ).

Que de la necropsia practicada (fs. 4 del Expte penal N° 133.874 ) se evidencia que la causante tenía una talla de 1,58 m y un peso de 100 kgs., con aspecto físico: obesidad. En relación al examen interno de cabeza se constató “hemorragia cerebral por ruptura de SilviA. derecha” y ésta fue determinada como la causa de la muerte (ver fs.4 vta).

De toda la secuencia descripta se observa:

Que la paciente era una persona de 44 años, es decir, relativamente joven con problemas de obesidad mórbida y de hipertensión arterial (talla 1,58 mts y 100 kgs de peso).

Que de sus antecedentes familiares, surgía que su padre había fallecido por causa de hipertensión arterial y que varios de sus hermanos también la padecían.

Que llegó al hospital el día 20/06/02 por presentar cefaleas y disnea. Fue derivada al Hospital Psiquiátrico sin realizar interconsulta con neurólogo

Que la circunstancia de que en el Hospital Pereyra hubieran corroborado que estaba per-dida no significaba que la revisión de la paciente hubiera sido realizada en forma orgánica y/o neurológica. Téngase presente que se solicitó una interconsulta psiquiátrica al Pereyra -y no una neurológica dentro del mismo nosocomio demandado.

Que evidentemente era un paciente que presentaba patología de base, la que implicaba un cuidado y atención mayor, circunstancia soslayada por el decisorio impugnado.

Que la derivación del Sauce fue debido a que se trataba de una cuestión orgánica y no de índole psiquiátrica.

Que si bien no se consignó la posibilidad de que existiera un ACV en curso tampoco existen constancias de haber efectuado los estudios complementarios y/o la interconsulta con un neurólogo en la primera atención brindada.

Que en relación a la segunda atención: se expresa que la punción lumbar dio negativo y que de la TAC no surgía nada. Sin embargo, la TAC no fue informada. Frente a esto, el perito médico Cuartara señala a fs. 295 vta y 296.”Este caso comienza con todas las evidencias que la paciente sufría un ACV con síntomas neurológicos relacionados con este cuadro como son las cefaleas y la alteración de conciencia y teniendo que permanecer en reposo varios días en su domicilio sin mayores modificaciones, pero sin poder constatar el cuadro en algún hospital o centro asistencial.El día 26/06/02 en el Hospital Central según lo que se extrae de la historia clínica el caso es contradictorio ya que todo indicaba que nos encontrábamos con un caso de ACV en curso como seguramente fue un Aneurisma filtrante de 6 días de evolución, pero los estudios de TAC y de punción raquídea son negativos para ese diagnóstico. También llama la atención de que se solicita el pedido de interconsulta con un neurólogo pero no existe en la historia clínica la transcripción de esa interconsulta ya que no hay examen neurológico ni firma por el especialista que certificara ese examen y estado actual, como es lo habitual en toda historia clínica, luego de efectuada la interconsulta. También llama la atención que no se encuentra adjunto a la historia clínica o por lo menos la transcripción textual del informe de la TAC que se informa como Normal y tampoco las características físicas del líquido cefalorraquídeo (LCR) como suelen efectuar los neurólogos luego de la Punción lumbar”.”En conclusión, un Aneurisma de una arteria de gran calibre como es la que termina rompiéndose antes del fallecimiento que filtra o sangra antes de la ruptura total muestra siempre signos que se evidencian en las TAC de cerebro efectuada horas antes de la muerte, al igual que modifica las características normales del L.C.R.”.

Justamente el perito puntualiza que resulta contradictorio que supuestamente y según la postura del nosocomio, los exámenes realizados daban todo normal (aunque no existían copias ni informes completos de la TAC ni de la Punción Lumbar) pero en los hechos, la causante tenía un aneurisma de una arteria de gran calibre que le causó el deceso.

Que no obstante estimarse que correspondía internarla en Terapia Intensiva fue trasladada al Hospital Perrupato por no contar con camas disponibles (ver informe obrante a fs.194 vta de autos).

Que a fs.481 el perito Cuartara hace hincapié en el antecedente importante relativo a que la causante padecía desde el año 1995 Hipertensión Arterial, que resultaba nuclear cuando los médicos que brindaron la primera atención debieron considerar, por el cuadro de ACV que le produjo la muerte y que era la causa que motivaba estos autos. Particularmente destacó “Digo esto ya que una de las causas productoras de los ACV en los Hipertensos Crónicos Compensados, es que sufran una crisis Hipertensiva por descompensación, con valores de la tensión arterial muy elevados por encima de lo normal.”

De todo lo expuesto, estimo que le asiste razón a la parte impugnante cuando asevera que no se le hicieron controles y estudios en la primera atención brindada en el nosocomio; ya que evidentemente la Sra. M. necesitaba mayores cuidados tal como acertadamente expone la parte apelante.

Por su parte, la falta de informe de la TAC de fecha 26/06/02 sumado a la falta de consignación de las características específicas del líquido cefalorraquídeo como se suele informar en los supuestos de practicarse una punción lumbar son circunstancias que prueban en contra del nosocomio, quien eventualmente debió traer al proceso tal prueba a fin de avalar su postura que no existían constancias de un ACV en curso no obstante haber tomado todas las medidas que el caso ameritaba.

En el sublite, la pericia lejos de corroborar la postura del demandado, lo cierto es que hace hincapié en las inconsistencias y contradicciones en la historia clínica debieron eventualmente ser consideradas y no minimizadas pues quien estaba en mejores condiciones de probar que se habían seguido los pasos necesarios en ambas atenciones era el hospital demandado.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha expuesto: “La existencia de culpa médica, obra como un pre-rrequisito esencial para imputarle responsabilidad civil al demandado.Ésta debe ser siempre apreciada en concreto, siendo necesario preguntarse qué es lo que habría hecho un médico prudente, colocado en igualdad de condiciones extremas a las que se encontró el autor del hecho dañoso, teniendo en cuenta el estándar objetivo, correspondiente a la categoría de médico prudente, común, genérico, ajustado sobre las bases de los arts. 512, 902 y 909 del Código Civil” (LS 378- 68).

Circunscribiéndonos a la problemática de las prácticas efectuadas en una guardia hospitalaria se ha expuesto que ” el médico de guardia es el profesional de la medicina que ejerce su actividad técnico-científica en la guardia médica, teniendo como obligación principal, prestar asistencia médica, cuidar, vigilar y preservando la guardia es un servicio especial que se encomienda a una o más personas con la finalidad de atender las emergencias o urgencias que se presentan.La emergencia médica es la situación durante la cual el profesional se enfrenta a patologías agudas, derivadas de cuadros clínicos, traumatológicos o quirúrgicos donde el riesgo de muerte o incapacidad sobreviniente es inminente si no se actúa con celeridad y eficiencia. En cambio la urgencia médica es una expresión que denota, a diferencia de la anterior, un sentido de gran subjetividad, pues la primera determinación de la urgencia la realiza el afectado o sus allegados, correspondiendo posteriormente al profesional la delimitación del caso en su dimensión orgánico funcional y psicológica. La urgencia médica es una situación de riesgo de vida potencial que requiere atención médica a la brevedad.” (Garay, Oscar Ernesto “La responsabilidad civil del médico de guardia”, publicado en La Ley RC y S 2007, 283).

Por otra parte, en cuanto al tema de los accidentes cerebro vasculares (“ACV”), no puedo dejar de destacar que la hipertensión constituye la principal causa de muerte prematura y la segunda de discapacidad por enfermedades no transmisibles como el infarto, los accidentes cerebro-vasculares y las enfermedades renales.En Argentina, uno de cada tres adultos tiene hipertensión arterial, uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, renales y de accidentes cerebrovasculares (ACV). En tal sentido el Ministerio de Salud de la Nación ha expuesto en su sitio http://www.msal.gob.ar lo siguiente “El accidente cerebro vascular es provocado por el taponamiento o la rotura de una arteria del cerebro. Es una causa muy frecuente de muerte y la primer causa de invalidez en los adultos y adultos mayores. Generalmente viene acompañado de arte-rioesclerosis e hipertensión arterial. Esta afección puede prevenirse. Puede darse por dos causas: a) ataque cerebrovascular isquémico: es la causa más frecuente y se produce cuando se tapa una arteria y no llega sangre a una parte del cerebro. Se conoce también como infarto cerebral y b) ataque cerebrovascular hemorrágico: se produce al romperse una arteria dentro del cerebro provocando una hemorragia y dañando el sector donde ocurre. Esto último es lo que aconteció en el caso que nos ocupa.

Asimismo se ha expuesto en cuanto a los síntomas: “Si el ataque cerebral no pudo prevenirse es muy importante saber reconocer los síntomas para reducir en forma inmediata el daño cerebral. Cada minuto transcurrido es crucial para prevenir los daños del ataque sobre la actividad motora del cuerpo, la palabra, la visión, la actividad psíquica y por supuesto la muerte. Ante la ocurrencia de los siguientes síntomas es muy importante recurrir al médico que sabrá diagnosticar qué tipo de ataque cerebral está en curso. Comienzo brusco de alguno de los siguientes síntomas:a) Vértigos, b) Dificultad para hablar; c) Piernas o brazos entumecidos o adormecidos; d) Entumecimiento o adormecimiento de la cara; e) Dolor de cabeza intenso y no habitual; f) Dificultad para caminar; g) Pérdida súbita de la visión de un ojo, o visión borrosa o limitada; h) Mareos dificultad para manejar los brazos o coordinar los movimientos y i) Confusión general ( texto extraído de http://www.texasheart.org)

En el sublite, se advierte que en la primera atención no se tomaron todos los re-caudos que el caso ameritaba, teniendo en cuenta los síntomas que presentaba la causante (los que coinciden con un ACV en curso, cuestión corroborada por el perito Cuartara) como además las circunstancias personales de ésta.

En mi opinión, el trato recibido en la Guardia del Hospital Central no fue el ade-cuado sobre todo teniendo en cuenta las características de la víctima pues eventualmente debió realizarse una interconsulta con un neurólogo y éste tomar las medidas que entendía que correspondía conforme a su expertise ya sea ordenar una TAC, Resonancia Magnética y/o una Punción Lumbar. La consulta con el psiquiatra del Hospital Pereyra en nada ayudó al ACV en curso. Por ello estimo que el fallo yerra cuando estima que el diagnóstico practicado en la guardia fue corroborado por el Hospital Pereyra.

En el caso, no se ha acreditado el hecho extintivo o impeditivo que pruebe que el accionar del Hospital al no efectuar la interconsulta con el neurólogo fue correcto y/o no resultaba necesario. Además no existen constancias de la primera atención brindada, sólo la atención que surgía del sistema de computación corroborado por el Oficial de Justicia y ciertas anotaciones pero tampoco existen otras constancias sólo que lo atendió un médico Negri Evaldo.Conforme se sostiene en jurisprudencia las anotaciones que los profesionales médicos hacen en la historia clínica no constituyen tareas administrativas; son tareas de índole profesional de fundamental importancia que deben ser efectuadas con rigor, precisión y minucia, porque de ello depende el correcto seguimiento de la evolución de la paciente; en consecuencia, la omisión en la redacción de la historia clínica resulta indicativa de la existencia de un deficiente desempeño médico, ya sea por ocultamiento de un percance quirúrgico o directamente por no haberse dado cuenta los profesionales de la ocurrencia de dicho percance; es decir, una historia clínica irregular o con omisiones, sirve al tribunal para recurrir a la prueba de presunciones. (JA 1998-I-461 y en LL 1998-C-36, con nota aprobatoria de Vázquez Ferreyra, Importancia de la historia clínica en la responsabilidad civil médica. Actitud a asumir por parte de un médico demandado por mala praxis; conf. sala J, 29/9/1994, LL 1995-D-550, con nota de Compagnucci de Caso, Rubén, La responsabilidad médica y la omisión en la presentación de la historia clínica. Conf. Casas, Juan A., Historia clínica y mala praxis, su relación, JA 1999-IV-827).

Por otra parte, en cuanto a la segunda atención y no obstante el ACV en curso, la paciente permanece muchas horas en la Sala de Guardia, sin ser internada (aproxima-damente 8 hs) y luego se decidió su traslado por no contar camas en la terapia intensiva.Efectivamente si a las 2:30 se consideró que su cuadro ameritaba su internación en terapia intensiva, no se explica por qué se la traslado en una ambulancia sin cuidados especiales tal como sostiene la recurrente.

Cabe recordar, conforme calificada doctrina que la mala praxis médica puede ocurrir por acción -al no emplearse la técnica apropiada o al ejecutar distintas etapas del acto quirúrgico con impericia, imprudencia o negligencia-, o por omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de las obligaciones y que correspondiese a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El médico debe poner a disposición del paciente todos los medios a su alcance, sus conocimientos, sus habilidades y los cuidados requeridos por el cuadro de la enfermedad, para lograr su curación o mejoría, lo que incluye un diagnóstico correcto y una terapéutica eficaz, desde el momento en que se inicia su relación hasta su extinción. En otro orden de cosas, la impericia, desde el punto de vista técnico-legal, es la ausencia de los conocimientos normales que toda profesión requiere cuando se trata de un médico general, y los propios de la especialidad si se trata de un especialista; la negligencia es considerada como la falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto o tarea puesta al servicio del acto medical. (conf. Trigo Represas – López Mesa en “Tratado de la Responsabilidad Civil ” T II – pág.359), consignándose que lo decisivo no es el error científico sino la causa humA. del error, que es lo que da lugar al reproche que viene dado no tanto por el yerro del juicio como por la dejación de atenciones o comprobaciones sobre los que aquel ha de asentarse (conf. Soto Nieto en “Responsabilidad civil del médico en la esfera penal” citado en Trigo Represas ob.cit) (SCJ MZA en sentencia de fecha 16/03/17 recaída en la causa N° 13-00409171-4/1 – TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.EN J° 151187 / 13-00409171-4 (010305-51580) MOLINA, ROBERTO BERNARDO Y OTS. C/ RETA HERRERA, LUIS Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ RECURSO EXT.DE INCONSTITUCIONALIDAD).

La circunstancia de que eventualmente los galenos hayan incurrido en culpa médica no genera”per se” una presunción de causalidad entre la culpa y el resultado. En tal sentido lo ha destacado la doctrina: “la relación de causalidad incumbe a la víctima que sostiene la pretensión, sin perjuicio de que pueda existir, de acuerdo a las circunstancias del caso , un aligeramiento de esa prueba en torno de la imputación material y a la adecuación de las consecuencias o de ciertas consecuencias (Bueres Alberto ” Responsabilidad civil de los médicos”, Tomo I, 2da Edición, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1992. Criterio expuesto por la SCJ Mza en el caso “Marchena, L.S. 323-196).

Por lo que corresponde seguidamente A.lizar el agravio relativo a la acreditación de la relación de causalidad.

(ii) La falta de consideración de la relación de causalidad que correspondía al caso:

El otro aspecto que critica la recurrente es que el fallo no ha considerado que la relación de causalidad con el daño no es la muerte y/o la invalidez sino las chances de prolongar la vida de una persona de 44 años.

Tal como expuse precedentemente, el juez a quo no ha A.lizado la conducta profesional desplegada por los médicos de guardia, que no obstante el cuadro, en la pri-mera oportunidad, no hicieron una consulta neurológica ni estudios complementarios.Y en la segunda oportunidad y no obstante el estado grave de la paciente, ordenó el traslado sin tomar recaudos mínimos.

Este agravio se relaciona con que no se ha A.lizado que debido a la negligencia incu rrida en la atención, la causante se hubiera salvado.

En definitiva, lo que se propicia es que se lo responsabilice al Hospital demandado en tanto y en cuanto efectivamente privó a la paciente de esa chance de sobrevida o de curación.

Nuestro Superior Tribunal Provincial en la causa “Marchena” (L.S. 323-196 ) ha efectuado precisiones en cuanto a la responsabilidad por las chances de mejoría o de curación. Así ha expuesto que: “La reparación de las chances de naturaleza patrimonial (ej.la pérdida de la probabilidad de gA.r un juicio, una carrera, un premio de lotería, etc.) no significa vulnerar el principio de certeza del daño. Respecto de las chances de sobrevida o de curación en la responsabilidad médica, se requiere: 1)todo lo que el juez afirme sobre la materia necesita fundamento técnico, que se encuentra en la pericial; 2)la responsabilidad médica está fundada, en la culpa, consecuentemente, la reparación de las chances reconoce como exigencia un factor subjetivo, cuál es colocarse en el lugar y tiempo que el médico actuó; 3)las dificultades de este planteo se agudizan cuando se trata de verificar esa culpa en la pérdida de las chances; 4) la prueba de la culpa médica no genera, per se, una presunción de causalidad entre la culpa y el resultado, esta prueba incumbe a la víctima que sostiene la pretensión.” En la causa Palluchini (L.S. ) asimismo se destacó ” La incidencia del error de diagnóstico sobre las chances de curación es un tema recurrente en la responsabilidad por actos médicos, la tendencia jurisprudencial mayoritaria referida en el caso “Marchena” parece no haber cambiado demasiado: la concena a reparar requiere acreditar:(a) la culpa del profesional, (b) las chances perdidas y c) la relación causal entre la culpa profesional y esas posibilidad frustradas”.

Por su parte, en la causa “Guajardo” (sentencia de fecha 21/09/2015 en la causa N° 13021568745 – GUAJARDO YOLANDA EDITH Y OTS. EN J° 22.422/50.586 GUAJARDO YOLANDA E. POR SI Y PSHM Y OT C/ MAZZA R. Y OTS P/ DYP P/ RECURSO EXT. DE INCONTITUCIONALIDAD”) ha dicho respecto a la actuación de los médicos en las guardias.”Claro está que la conducta del médico de guardia no entronca con la cura o el debido cuidado del enfermo, sino con la existencia de una chance de éste de poder ser atendido o derivado, con miras al tratamiento adecuado o a la cura más aconsejable que posibilite su restablecimiento. La culpa, sobre todo omisiva, del médico de guardia lleva a la pérdida de esa chance, que es la probabilidad más o menos cierta de permitirle al enfermo encontrar el camino de su asistencia. (Responsabilidad de los profesionales de la salud, Revista de Derecho de Daños 2003-3; Responsabilidad del Médico de Guardia de Antonio Juan Rinessi)”.

En la especie, está acreditada la existencia del daño, el actuar negligente de los médicos de guardia principalmente en la primera intervención y también en el temerario traslado de una paciente que evidentemente se encontraba en una deplorable condición de salud.

Pero además, debía establecerse si conforme las pruebas existentes en la causa, existió relación causal necesaria entre la culpa de los galenos y la muerte de la Sra. Mancini. Sabido es que tal como expuse la prueba de la culpa médica no genera, per se, una presunción de causalidad entre la culpa y el resultado.La prueba de la relación de causalidad incumbe a la víctima que sostiene la pre-tensión, sin perjuicio de que pueda existir, de acuerdo a las circunstancias del caso, un aligeramiento de esa prueba en torno de la imputación material y a la adecuación de las consecuencias, o de ciertas consecuencias.

En el sublite, y de acuerdo a las condiciones personales de la paciente, estimo que no se ha acreditado ni probado ( no figura entre las preguntas formuladas al perito ni éste lo explica ni tampoco el Cuerpo Médico Forense) si eventualmente existía en la paciente una chance de sobrevida y que tal chance estaba causalmente unida con la conducta desplegada por los profesionales del Hospital demandado.

No puedo dejar de destacar que surgen de las constancias probatorias un sinnú-mero de circunstancias personales que han incidido en el triste desenlace de la Sra. Mancini y entiendo que no puede afirmarse que resultan irrelevantes las condiciones personales de la víctima (hipertensión, obesidad mórbida, diabetes) como las principales causas determinantes del deceso de la paciente. No se ha acreditado que la eventual conducta omisiva culposa hizo perder a la Sra. Mancini la posibilidad de evitar el accidente cerebro vascular y/o que su detección hubiera evitado o mejorado el desenlace pero ninguna prueba de ello existe frente a la contundencia de la prueba rendida en cuanto a su propio estado de salud, el que eventualmente es un elemento muy importante a considerar en la evolución posterior de su salud

Por ello estimo que el fallo debe ser confirmado no obstante la culpa médica acreditada.

No desconozco que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte a nivel mundial y también en nuestro país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor de 17,5 millones de personas fallecen anualmente por estas causas, representando alrededor del 31% de todas las muertes registradas en el mundo. En Argentina, en el año 2012 el 24,0% de las muertes definidas fueron causadas por estas patologías (ver 3er.Encuesta de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles Argentina 2013 publicada en http://www.msal.gob.ar).

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no existe elemento probatorio alguno con el que pueda probarse de modo certero, claro y manifiesto la relación de causalidad requerida; es decir, que si la Sra. Mancini los días 20/6 y 26/06 hubiera recibido la correcta atención, hubiera sobrevivido y/o si eventualmente hubiera sobrevivido, cuánto tiempo, en qué condiciones, etc.

Tal prueba no ha sido producida, tal como sostiene el fallo impugnado. La ne-cropsis determina claramente la causa de muerte “hemorragia cerebral por ruptura de SilviA. derecha” pero no se ha producido prueba alguna que permita sostener que la conducta culpable y/o con impericia de los profesionales del hospital demandado fue la causa que según el curso natural de las cosas determinó o eventualmente le impidió a la madre de los recurrentes sobrevivir.

La solución que propicio resulta corroborada por lo decidido por la SCJMza:. “Para que se genere la responsabilidad civil del médico debe existir relación de causalidad adecuada entre su omisión y el resultado dañoso sufrido por el paciente. Para ello resulta necesaria la prueba de que la omisión fue la causa del resultado, acreditando el actor que en caso de haber intervenido el médico habría tenido el paciente razonables posibilidades de sobrevivir o de mejorarse”. (Criterio expuesto en la causa N° 13-00322636-5/1 – UMAÑO NOEMI DEL ROSARIO EN J° 110893 / 13-00322636-5 (010303-51094) UMAÑO, NOEMI DEL ROSARIO C/ G., R. M. Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ RECURSO EXT.DE INCONSTITUCIONALIDAD, resolución de fecha:06/02/2017).

Por las razones expuestas, corresponde el rechazo del recurso en este aspecto.

(iii) El resto de los agravios:

El resto de los agravios de la parte recurrente giran en torno a la valoración de la prueba tendiente a acreditar la culpa de los galenos y las contradicciones incurridas en torno a ésta; sin embargo, la apelante no se hace cargo de la causalidad adecuada que correspondía al caso.

V. CONCLUSIONES:

Por todos los motivos expuestos, se propicia el rechazo del recurso de apelación interpuesto a fs. 545 por la parte actora y, en consecuencia se propicia la confirmación de la sentencia obrante a fs. 532/39,.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión, por los fundamentos dados, las Dras. Marsala y Furlotti dicen que adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION, LA DRA. CARABAJAL MOLINA DIJO:

Las costas de alzada debe ser impuestas a la parte apelante por resultar vencida (art. 36 del C.P.C.).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión las Dras. Furlotti y Marsala dijeron que adhieren, por sus fun-damentos, al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

S E N T E N C I A

Mendoza, 22 de Mayo de 2017

Y V I S T O S: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

R E S U E L V E:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs.545, y por lo tanto confirmar la sentencia obrante a fs. 532/39.

2) Imponer las costas del recurso de apelación a la recurrente vencida.

3) Regular los honorarios profesionales por su actuación en Alzada a las Dras. Valentina Tarqui Lucero en la suma de ($.) y M. Eugenia Allub en la suma de ($.) sin perjuicio de los honorarios complementarios e IVA en caso de corresponder. (art 2,3,15 y 31 LA)

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

MTCM/n.r

Dra. Silvina Del Carmen FURLOTTI

Dra. Gladys Delia MARSALA

Dra. M. Teresa CARABAJAL MOLINA